No hay delito, evasión o estafa que no se alimente del secreto. La Transparencia es, sin duda alguna, el mejor aliado contra la corrupción.
La corrupción es un fenómeno global que se da, en menor o en mayor medida, en todos los países. Aunque sus efectos tienen impacto en todas las personas, el mayor daño se produce en aquellas que se encuentran en situaciones desfavorables.
La corrupción no sólo debilita el desarrollo, sino que, además, perjudica la prosperidad económica y daña la buena gobernanza y la prestación de servicios públicos. Por lo tanto, es un obstáculo importante para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Aunque el coste de la corrupción se suele reducir a la desviación de recursos de su propósito legítimo, en realidad, va mucho más allá. La corrupción corroe el tejido social, debilita el Estado de Derecho, socaba la confianza en el gobierno y erosiona la calidad de vida de las personas. Además, exacerba, aún más, la desigualdad, la pobreza, la división social y la crisis ambiental y crea un entorno propicio para que proliferen el crimen organizado, el terrorismo y el extremismo violento.
Y, en este escenario, la Transparencia se convierte en un pilar fundamental en la lucha contra la Corrupción y, por lo tanto, en beneficio de la Justicia Social, la Paz y la Seguridad.
Pero, ¿qué es la Transparencia?
Es un hecho que la ciudadanía y la sociedad demandan cada vez una mayor información sobre las distintas actuaciones que se realizan desde los poderes públicos. Aspiran al libre uso de la información pública de una forma fácil y accesible y pretenden conocer qué, quienes, cómo, cuándo y cuánto gastan los responsables en las diversas políticas que desarrollan.
En este escenario, la Transparencia podría definirse como el derecho de los ciudadanos a contar con toda la información necesaria para poder valorar, supervisar y controlar a los gestores de lo público, lo común, lo de todos. Transparencia es, por lo tanto, el ejercicio del derecho de los ciudadanos a participar activamente en la gestión de los gobiernos y sus administraciones públicas, más allá del valor de su voto en los procesos electorales.
Así, la Transparencia se ha convertido en un indicador fundamental de la calidad de cualquier gobierno democrático.
Un breve repaso por la historia de la Transparencia
Aunque pueda parecer que la Transparencia y en Buen Gobierno en la Administración Pública es algo novedoso, la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno entró en vigor hace ya casi una década. Concretamente, el 10 de diciembre del 2015
Es cierto que la Ley de Transparencia supone un cambio de paradigma en las relaciones entre las instituciones y la sociedad, los medios de comunicación, el mundo académico o las organizaciones no gubernamentales. Incorpora deberes y obligaciones y empodera a los ciudadanos mediante el reconocimiento de su derecho de acceso a la información pública .
Sin embargo, las Administraciones públicas, contaron con plazo más que suficiente para adaptarse y cumplir con los deberes y obligaciones que se recogen en dicha normativa.
Por ello, es difícil de justificar que, a día de hoy, aún no se publique toda la información que debería publicarse o que, la que se publica, se encuentre dispersa entre los diferentes Portales de Transparencia, Open Data y Contratación Pública existentes.
También es difícil de justificar la reticencia, o incluso negativa, de muchas administraciones a proporcionar la información que es de interés público.
Índice de Percepción de la Corrupción
El pasado 31 de enero, Transparencia Internacional publicó el Índice de Percepción de la Corrupción 2022.
Según indican en su informe, perciben un estancamiento en los países englobados dentro del área de Europa Occidental y Unión Europea. Si bien han estado los últimos años ocupando las primeras posiciones, detectan en ellos un estancamiento, o incluso retroceso, como es el caso de España.
Si bien es difícil de cuantificar en términos económicos por la propia naturaleza de la corrupción, su coste al estado se cifra en más de 90 Miles de Millones de euros, lo que supone un 8% del Producto Interior Bruto o PIB.
Lo que sí se puede medir es la percepción de los ciudadanos. De acuerdo a una reciente encuesta realizada también por la propia Transparencia Internacional, la corrupción se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Un nada desdeñable 80% de la población considera de la gestión de la corrupción es mala y un 72% opina que la Participación Ciudadana y la Transparencia son clave en su erradicación.
