La semana pasada, el Congreso fue escenario de la derogación de los decretos de vivienda. Más allá del habitual ruido y debate político, lo que quedó flotando en el ambiente fue una sensación de desconexión profunda: la de una clase política que parece haber olvidado para qué están ahí. Supuestamente, su labor es proteger y luchar por los derechos fundamentales de las personas, las mismas personas que los han elegido con sus votos.
Y es que hay palabras que, repetidas demasiadas veces, acaban vaciándose de sentido: Transparencia, Buen Gobierno, Código Ético… Son conceptos nobles, necesarios, incluso vitales para una administración pública sana. Sin embargo, a veces su uso parece más un intento de salir bien en la foto institucional que un compromiso real con la ciudadanía.
Y en esa contradicción se esconde un mal silencioso que corroe la confianza pública, una especie de amnesia administrativa.
Los primeros síntomas: la pérdida de memoria reciente
El problema empieza con pequeños olvidos. Una administración aprueba un Código Ético, lanza una web de Transparencia, publica Datos Abiertos… y, durante un tiempo, todo parece funcionar. Pero pronto comienzan los descuidos: los datos dejan de actualizarse, los compromisos se olvidan, las promesas se diluyen. La memoria reciente, esa que debería recordar lo que se prometió hace apenas unos meses, se borra selectivamente. Lo urgente reemplaza a lo importante y los principios quedan archivados en una carpeta que nadie vuelve a abrir.
La desorientación institucional
Con el avance de esta amnesia, llega la confusión. Las estructuras administrativas pierden la noción de por qué existen esos mecanismos de Transparencia. Empiezan a tratarlos como trámites, no como valores:
- Las auditorías se convierten en rituales.
- Los portales de datos en escaparates.
- Los informes de buen gobierno en ejercicios de copy-paste.
La organización ya no recuerda qué significa rendir cuentas, solo sabe que debe parecer que lo hace.
La pérdida de identidad
Llega un momento en que se deja de reconocer el propio reflejo. Hoy en día, muchas administraciones no reconocen su propio discurso. Hablan de ética pública mientras toleran prácticas opacas. Se declaran transparentes mientras ocultan lo incómodo bajo tecnicismos o plazos interminables. Presumen de participación ciudadana mientras toman decisiones entre unos pocos.
Han olvidado quiénes eran y para quién trabajaban. Y lo más trágico, lo hacen convencidas de que siguen cumpliendo su misión.
La terapia: recordar que la memoria se entrena
Pero no todo está perdido. La Transparencia no es una declaración, sino un músculo que se fortalece con práctica constante. Como en una rehabilitación, las administraciones pueden ejercitar su memoria institucional si incorporan rutinas que les obliguen a recordar y rendir cuentas.
Revisar y actualizar periódicamente sus compromisos éticos. Evaluar el impacto real de sus políticas de transparencia. Escuchar a la ciudadanía, incluso cuando lo que tiene que decir resulta incómodo. Hacer de la ética un hábito, no una foto.
Porque la transparencia no consiste en “parecer bien”, sino en recordar quién se es y a quién se debe servir.
Si nuestras instituciones logran mantener viva esa memoria, quizá no tengamos que volver a presenciar escenas como la de los decretos de vivienda. Quizá llegue el día en que la clase política asuma su verdadera responsabilidad frente a quienes depositaron en ellos su confianza, utilizando su poder para lo que fue diseñado: aprobar medidas que garanticen y protejan los derechos fundamentales de las personas.
Solo entonces podremos dejar de hablar de Transparencia como una moda pasajera y empezar, por fin, a verla como una forma natural de gobernar.