El voto vasco en la crisis del alquiler
Seis votaciones en el Congreso en 2026. EH Bildu dijo sí a todas. El PNV apoyó las moratorias y se apartó cada vez que la norma tocaba el precio, la duración del contrato o la compra por fondos. Así votaron los partidos vascos y esto es lo que hacen en Euskadi.
Continuación de «La especulación del alquiler en Euskadi» · Cierre de datos: 3 de octubre de 2026
Nuestra investigación de abril La especulación del alquiler en Euskadi: fondos y turismo disparan preciosterminaba con el Congreso tumbando la prórroga de los alquileres y con el PNV absteniéndose. Cinco meses después, la vivienda ya no es un debate sectorial: ha puesto en jaque la legislatura. El 2 de octubre de 2026, en un pleno extraordinario con votación por llamamiento, la Cámara derogó los dos decretos que el Consejo de Ministros había aprobado tres días antes, tras el desahucio en Madrid de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años con un contrato de renta antigua de 1956.
Con ellos son cinco los decretos con medidas de vivienda derogados en lo que va de año. Y en esa secuencia los dos partidos vascos con grupo propio dibujan trayectorias opuestas. Los seis diputados de EH Bildu han votado a favor de todas las normas de protección del inquilino. Los cinco del PNV siguen un patrón reconocible: sí a suspender desahucios y a las medidas fiscales; abstención o no cuando el texto limita la capacidad del arrendador de recuperar o encarecer la vivienda.
El argumento jeltzale es el pequeño propietario. Los documentos consultados apuntan a un problema: el propio Gobierno Vasco admite que no sabe con precisión cuántos son.
decretos con medidas de vivienda derogados por el Congreso en 2026
estuvo en vigor la renovación automática de los contratos de alquiler
municipios vascos declarados zona tensionada (54% de la población)
desahucios en Euskadi en 2025, un 60,2% más que el año anterior
I. El pleno del 2 de octubre
El Gobierno partió su respuesta en dos textos. No fue una decisión técnica: durante la negociación ni el PNV ni Junts garantizaban su apoyo a un decreto que incluyera la renovación automática de los contratos. Separarla permitía, al menos, salvar el resto. No se salvó nada.
El decreto amplio
Rechazado: 172 a favor, 178 en contra
- Prórroga de hasta dos años para contratos que venzan antes del 31 de diciembre de 2028, solo si el inquilino lleva ocho meses al corriente de pago.
- Tope del 2% a la actualización de la renta hasta el 31 de diciembre de 2027, y sin actualización si el alquiler supera el índice de referencia.
- Suspensión de desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030 para personas vulnerables sin alternativa habitacional.
- Límite a las compras por debajo del 70% del valor de tasación (los «fondos buitre», que el texto no define).
- Regulación del alquiler de temporada y de habitaciones.
- IVA del 10% a los pisos turísticos y deducciones en el IRPF.
La renovación automática
Rechazado: 166 a favor, 184 en contra
- Artículo único: renovación obligatoria de los contratos de vivienda habitual por periodos de cinco años, siete si el arrendador es persona jurídica.
- Preaviso de seis meses e indemnización si el arrendador no renueva.
- Publicado en el BOE el 1 de octubre y derogado el 2: unas 16 horas en vigor. Las crónicas lo sitúan como el decreto más breve de la democracia.
Cinco decretos, cinco derrotas
Votos a favor y en contra de la convalidación de cada decreto con medidas de vivienda en 2026.
Fuente: crónicas parlamentarias de El Independiente, Idealista, elDiario.es, El Debate, Infobae y EFE. El 28 de abril hubo además 5 abstenciones (PNV) y el 26 de febrero, una.
La aritmética de la renovación automática
¿Quién tumbó el RDL 27/2026? Cambia el voto del PNV y de Junts y comprueba el resultado.
Decreto derogado
Resultado real del 2 de octubre de 2026.
Ningún voto era suficiente por separado: el Gobierno necesitaba a la vez al PNV y a Junts, y no tuvo a ninguno. Coalición Canaria (1 escaño) también pasó del sí al no.
II. El patrón del PNV
Puestas en fila, las seis votaciones del año muestran un patrón de una precisión notable. El PNV vota con la mayoría de investidura cuando se trata de suspender desahucios de personas vulnerables, y en febrero llega a pactar con el Gobierno que la moratoria excluya a los propietarios de hasta dos viviendas. Se aparta en tres ocasiones: la prórroga de abril, el veto a la compra de vivienda por empresas y fondos en septiembre y la renovación automática de octubre.
| Fecha | Norma | PNV | EH Bildu | Resultado |
|---|
* El voto de EH Bildu del 26 de febrero no figura expresamente en las crónicas consultadas; se deduce de la suma de 172 votos a favor. La proposición de ley del 15 de septiembre fue rechazada con la abstención de PSOE, PNV y CC.
El partido lo explica con dos argumentos. El primero es de método: en abril Aitor Esteban reprochó la falta de negociación previa y en octubre su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, lamentó que el Gobierno «legisle en caliente». El segundo es de fondo, y lo recoge el comunicado del 1 de octubre.
«Esta propuesta del Gobierno español es un ataque al pequeño propietario y retraería la oferta de la vivienda de alquiler en el mercado». — Comunicado del PNV, 1 de octubre de 2026
El PNV reivindica como propias tres piezas del decreto amplio: el requisito de ocho meses al corriente de pago para acceder a la prórroga (había pedido doce), la regulación del alquiler de temporada y el IVA del 10% a los pisos turísticos. Perdió la reforma de la Ley del Suelo, retirada el 28 de septiembre para atraer a Podemos. Tras la votación, Joseba Díez Antxustegi calificó el decreto de alquileres indefinidos de «invotable».
El 90% que nadie ha contado
La tesis jeltzale descansa en una cifra: en Euskadi, sostiene el partido, más del 90% del mercado del alquiler está en manos de pequeños propietarios. El PNV no cita fuente. El dato oficial más próximo es el registro de fianzas del Gobierno Vasco de 2024: 353 grandes tenedores privados controlaban 4.262 viviendas alquiladas, el 4,8% de 88.760 contratos. Es compatible con la afirmación, pero con matices que cambian la lectura: solo mide viviendas alquiladas con fianza depositada —no la vivienda vacía, turística o de temporada—, y el fenómeno crece deprisa.
De 15 a 353 en ocho años
Grandes tenedores privados con más de cinco viviendas alquiladas en Euskadi. De ellos, 182 son personas jurídicas con 2.957 viviendas; la mayor cartera privada, Vitalquiler, suma 406.
El propio Departamento de Vivienda reconoció en 2024 «limitaciones relevantes» para identificar a quienes poseen cinco o más viviendas. El argumento central del PNV se apoya, por tanto, en un dato que la Administración vasca admite no poder medir con precisión.
Fuente: registro de fianzas del Gobierno Vasco, vía elDiario.es.
III. Los partidos vascos, uno a uno
Qué votaron en Madrid y qué defienden en Euskadi.
Quién sostuvo y quién tumbó los decretos
El área de cada círculo es proporcional al número de escaños (350 en total).
Haz clic en cada nodo para ver su posición y quiénes votaron.
Quiénes votaron y qué bienes declaran
Cada diputado está obligado a publicar su declaración de bienes y rentas en el Registro de intereses del Congreso. Hemos revisado la última de cada uno de los 350 escaños: de las 316 declaraciones completas, 273 recogen al menos un inmueble, y 54 diputados declaran rentas inmobiliarias (alquileres o rendimientos de inmuebles). De ellos, 22 pertenecen a formaciones que votaron a favor de la renovación automática de los contratos y 32 a formaciones que votaron en contra. Cada nombre enlaza con el PDF original.
Un desplegable por cada formación del Congreso, con todos sus diputados. En PSOE, PP y Sumar aparecen primero, en rojo, los elegidos por Araba/Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Vox no tiene diputados por circunscripciones vascas. Los mismos listados se abren al pulsar cada nodo del grafo.
IV. Lo que declaran quienes votaron
El 2 de octubre el Congreso decidió sobre contratos de alquiler, compras de vivienda por fondos y fiscalidad inmobiliaria. ¿Qué tienen declarado quienes votaron? Hemos volcado la última declaración de bienes y rentas de cada diputado, publicada en el Registro de intereses de la Cámara, y la hemos cruzado con el sentido del voto de su formación.
El retrato es el de una Cámara de propietarios. De las 316 declaraciones completas, 273 —el 86,4%— recogen al menos un inmueble, y cuatro de cada diez diputados declaran dos o más viviendas. 54 perciben rentas inmobiliarias. Entre ellos, los dos líderes que se enfrentaron en el debate: Pedro Sánchez declara 12.845 euros por «arrendamientos de inmuebles» y Alberto Núñez Feijóo, 5.584,40 euros por «rendimientos bienes inmuebles», según sus declaraciones de agosto de 2023.
de los diputados declara al menos un inmueble
declara dos o más viviendas, en propiedad total o parcial
diputados declaran rentas inmobiliarias
declaran inmuebles a través de sociedades: 17 votaron no y 3, sí
El bloque del sí y el bloque del no, frente a frente
Porcentaje de diputados de cada bloque que declara cada tipo de bien, según el voto de su formación a la renovación automática de los contratos (RDL 27/2026).
Bloque del sí: 166 escaños, 155 declaraciones completas. Bloque del no: 184 escaños, 161 declaraciones completas. Las rentas inmobiliarias se calculan sobre todas las declaraciones publicadas (166 y 183). «Valores» incluye acciones, participaciones y fondos de inversión. Fuente: Registro de intereses del Congreso, elaboración propia.
La comparación desmiente la lectura fácil. El patrimonio inmobiliario no separa a los bloques: declara inmuebles el 85,2% de quienes votaron sí y el 87,6% de quienes votaron no; dos o más viviendas, el 38,7% y el 42,9%. La distancia aparece, modesta, en las rentas —cobra alquileres o rendimientos de inmuebles el 13,3% del bloque del sí y el 17,5% del bloque del no— y se ensancha en un punto concreto: los inmuebles en manos de sociedades participadas por el diputado. Los declaran 17 diputados del bloque del no y 3 del bloque del sí.
Por formaciones, el dato más llamativo está en el grupo que decidió la votación. Tres de los siete diputados de Junts declaran rentas inmobiliarias: Pilar Calvo, un «alquiler mensual piso» de 1.500 euros y un piso a través de una sociedad patrimonial de la que posee el 51%; Josep Maria Cervera, 12.000 euros por el alquiler de un local comercial; y Josep Pagès, 14.928 euros por inmuebles arrendados. En el debate, Gabriel Rufián reprochó a Junts tener «intereses inmobiliarios». Entre los partidos vascos, los cuatro diputados del PNV con declaración completa tienen inmuebles y tres declaran dos o más viviendas, pero ninguno consigna rentas de alquiler en su última declaración; en EH Bildu lo hacen dos de seis.
¿Cuántas viviendas declara cada diputado?
Reparto de los diputados de cada formación según el número de viviendas declaradas.
Solo declaraciones completas (entre paréntesis, cuántas). Cuenta pisos, casas, apartamentos y similares, en propiedad total o parcial; no garajes, trasteros, locales ni fincas.
¿Quién declara rentas inmobiliarias?
Porcentaje de diputados de cada formación que consigna alquileres o rendimientos de inmuebles.
Sobre todas las declaraciones publicadas. En los grupos pequeños un solo diputado mueve mucho el porcentaje: se indica el número.
V. En casa: lo que hacen las instituciones vascas
PNV y PSE-EE gobiernan juntos en Lakua, con la cartera de Vivienda en manos del socialista Denis Itxaso. El balance es de avance asimétrico. Las zonas tensionadas ya son 20 tras la declaración de Sopela y Urduliz en agosto, y cubren el 54% de la población según el Ejecutivo. Pero el Gobierno Vasco rechaza la petición de EH Bildu, ELA y Sumar de declarar tensionada toda la comunidad: la directora del Departamento, Saioa Beistegui, la calificó de «completamente electoralista».
El «caso Zarautz» que destapamos en abril sigue sin resolverse. El pleno aprobó la moción con los votos de PSE-EE y EH Bildu y la abstención del PNV; año y medio después, el gobierno municipal jeltzale no ha remitido la solicitud. En julio, el alcalde saliente, Xabier Txurruka, explicó que decidió no activarla porque solo afectaría a parte del municipio, y apostó por 952 viviendas protegidas, 426 de ellas de alquiler público. El efecto práctico está documentado: el programa Gaztelagun admite alquileres de hasta 998 euros en Donostia y solo de 800 en Zarautz.
Mapa de contención
- Declarada en 2025
- Declarada en 2026
- En tramitación
- Bloqueo o sin moción
Fuentes: listado del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, BOPV (agosto de 2026) y elDiario.es. Ubicaciones aproximadas.
En el terreno legislativo, la Ley 6/2025, de 11 de diciembre, salió adelante solo con los votos de PNV y PSE-EE. Veta nuevos pisos turísticos en zonas tensionadas, pero también rebaja la reserva de vivienda protegida del 75% al 60%; EH Bildu la consideró un «paso atrás». El decreto vasco de abril eleva el objetivo de Bizigune de 7.500 a 9.500 viviendas y sitúa Gaztelagun en hasta 300 euros al mes. La fiscalidad foral premia al arrendador con una deducción del 30%, que sube al 70% en zona tensionada. El canon autonómico a la vivienda vacía solo lo aplicaba Azpeitia a finales de 2025; las capitales prefieren el recargo de IBI.
El 2 de octubre, mientras el Congreso votaba, Itxaso anunció desde Viena el primer Plan Territorial Sectorial de Vivienda: suelo ya calificado para más de 160.000 viviendas, unas 75.000 protegidas, con un horizonte de 16 años. Admitió que no culminará esta legislatura.
La calle, entretanto, ha hablado. Desde el 28 de septiembre hay una acampada frente al Teatro Arriaga de Bilbao. El 2 de octubre miles de personas se manifestaron en las capitales vascas convocadas por Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen Sarea y el Sindicato Socialista de Vivienda. Ese mismo día, a la hora del debate, una familia con dos menores fue desahuciada en Vitoria-Gasteiz, según denunció el Sindicato de Vivienda de Gasteiz. De los 213 lanzamientos del primer trimestre en Euskadi, 195 —el 91,5%— fueron por alquiler.
Cronología de un año de derrotas (2026)
Pulsa cada hito para ver las principales medidas y acceder al texto íntegro.
En seis votaciones sobre quién carga con la crisis del alquiler, EH Bildu ha dicho sí las seis. El PNV se ha apartado cada vez que la norma tocaba el precio, la duración del contrato o la compra por fondos. Lo ha hecho en nombre de un pequeño propietario que, según su propio Gobierno, nadie ha contado.