Quién se lleva el dinero de la formación e inserción en Euskadi
Cuatro entidades con consejeros y patronos cruzados —dos fondos de formación, una empresa de inserción agroalimentaria y una fundación siderúrgica— acumulan más de 17,6 millones de euros en subvenciones públicas y cerca de 10 millones adicionales en contratos de 42 administraciones.
Los registros oficiales dibujan un mapa de una precisión milimétrica. En un extremo, Fondo Formación Euskadi S.L.L., presidida desde mayo de 2012 por Miguel Colina Arce, cuyo nombre figura como suplente en la candidatura del Partido Socialista de Euskadi – Euskadiko Ezkerra (PSOE) publicada en el BOPV en abril de 2001. En el otro, la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral, presidida en la actualidad por Valeriano Gómez Sánchez, ministro socialista de Trabajo e Inmigración (2010–2011) en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero —presidencia que confirman tanto su informe de transparencia de 2025 como el registro estatal de fundaciones, donde José Luis Leal Maldonado, ministro de Economía entre 1979 y 1980, figura hoy como vocal—. Entre ambas, la Fundación Fondo Formación y la empresa de inserción Itsaslur Centro de Innovación Agroalimentaria S.L., unidas al conjunto por una red de cargos que se repiten de un consejo a otro.
Los documentos revelan que las cuatro estructuras concurren, con frecuencia, a las mismas convocatorias del Gobierno Vasco —singularmente de Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo— y cobran de las mismas líneas de ayuda en las mismas fechas. Solo el listado de concesiones analizado (2015–2026) suma 17.640.414,57 euros. A ello se añaden 9.978.148,80 euros adjudicados a Fondo Formación Euskadi mediante contratación pública por 42 instituciones distintas, con el Ayuntamiento de Barakaldo a la cabeza: 7.338.269,13 euros.
Nada en los registros consultados acredita, por sí mismo, ilegalidad alguna: se trata de subvenciones y contratos publicados en boletines oficiales. Pero el patrón —concurrencia simultánea de entidades vinculadas entre sí, adjudicaciones directas reiteradas y consejos que comparten apellidos— apunta a un ecosistema que merece escrutinio público.
17,64 M€
Subvenciones listadas (2015–2026)
9,98 M€
Contratos públicos a FFE (2017–2026)
4
Entidades interconectadas
42
Instituciones contratantes
I.Cuatro piezas de un mismo engranaje
Cada entidad opera en un nicho distinto —formación, inserción, orientación, siderurgia— pero todas beben de la misma fuente: la caja pública vasca. Pulse «Auditar Expediente» para desplegar, línea a línea, cada concesión registrada.
Hemeroteca · 3 de agosto de 2026
Una de las cuatro piezas del ecosistema ya está bajo la lupa. Según publicó el periodista David Olabarri en El Diario Vasco el 3 de agosto de 2026, una auditoría —impulsada a instancia de EH Bildu en el Ayuntamiento de Muskiz, gobernado por el PSE— detectó irregularidades en las ayudas concedidas a Itsaslur, la empresa de inserción social de Muskiz: el examen halló gastos sin justificar y puso en cuestión los puestos de trabajo creados por la compañía, que había recibido 500.000 euros del Ayuntamiento. Ese medio millón municipal se suma a los 1.185.992,33 euros del Gobierno Vasco documentados en este expediente.
«Una auditoría detecta irregularidades en ayudas a una empresa de inserción social de Muskiz»II. El mapa de las conexiones
Nodos construidos exclusivamente a partir de los registros de cargos y patronatos analizados. Las líneas discontinuas señalan flujos de dinero público; las continuas, cargos documentados. Pulse cualquier nodo para ver su ficha.
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Leyenda
Entidades del ecosistema (logotipo)
Personas (cargos documentados)
Financiadores públicos (logotipo)
Flujo de fondos públicos
Cargo / vínculo registral
III.Cuatro manos en la misma convocatoria
Es el hallazgo más elocuente del expediente. Los listados de concesiones muestran que las cuatro entidades —vinculadas entre sí por consejeros y patronos compartidos— concurren y cobran de las mismas convocatorias de Lanbide, a menudo con resoluciones fechadas el mismo día. En la convocatoria de Ayudas para el Desarrollo de Proyectos Singulares de Inserción e Innovación Socio-Laboral de 2024 (SUBV/2024/0000000036), las cuatro reciben su concesión con fecha idéntica: 7 de marzo de 2024.
| Convocatoria (Lanbide) | F. Fondo Formación | Fondo F. Euskadi | Itsaslur | Fund. Siderurgia | Total |
|---|
Marco legal · Ley 38/2003, General de Subvenciones
La concurrencia de varias entidades a una misma convocatoria es, en sí misma, legal. Sin embargo, los Art. 8.3 y Art. 22 de la Ley 38/2003 exigen que la gestión de las subvenciones se realice conforme a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. Cuando entidades con órganos de gobierno entrelazados concurren simultáneamente a las mismas líneas de ayuda, la efectividad real de la concurrencia competitiva es una cuestión que, presuntamente, merecería verificación por los órganos de control.
«Vicepresidente Ejecutivo: Don Francisco Arana Llano. […] Vocales: Don Valentín Ochoa Hornillos, […] don Néstor Álvarez Bravo, don Juan-Antonio Berástegui Roy […]» — Composición del patronato, portal de transparencia de la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral (ftsi.es). Los cuatro nombres citados figuran también en el consejo de administración de Itsaslur, según el registro de cargos analizado.
La composición del patronato que consta hoy en el registro estatal de fundaciones, incorporada al expediente, precisa aún más la fotografía: veinticinco patronos con Valeriano Gómez Sánchez como presidente, José Luis Corcuera Cuesta como presidente honorífico, tres vicepresidencias —entre ellas la de Francisco Arana Llano, el mismo consejero y secretario de Itsaslur entre 2017 y 2026, junto a Amado González Álvarez y Pedro Manuel Ramón Morales—, José Ignacio Gutiérrez Gómez como secretario y, entre los vocales, José Luis Leal Maldonado, José Manuel Salinero Feijoo, Juan Antonio Berástegui Roy, Néstor Álvarez Bravo o Justo Rodríguez Braga. Y en el apartado de directivos, dos apoderados que cierran el círculo: el propio Salinero y Astrid López de la Serna — apoderada de la fundación, consejera delegada de Itsaslur y vocal fundacional de la Fundación Fondo Formación en 2007. Una sola persona, con firma en las tres ramas del entramado.
El puente entre los dos «fondos de formación» no es solo de personas: es genético. Según la Orden TAS/419/2008 publicada en el BOE, la Fundación Fondo Formación fue constituida ante notario en Bilbao el 26 de julio de 2007 por la propia mercantil Fondo Formación Euskadi, S.L., con una dotación inicial de 30.001 euros —de los que se desembolsaron 7.501— e inscrita en el Registro estatal de Fundaciones Asistenciales con el número 48-0139. Su patronato fundacional se lee hoy como un mapa del entramado: presidente, Miguel Ángel Unzalu Hermosa —apoderado histórico de la mercantil según el registro de cargos y, según informaciones periodísticas, exdirigente de Euskadiko Ezkerra fallecido en 2021—; secretaria, María Lourdes Martínez Muñoz, que sería secretaria del consejo de la mercantil entre 2012 y 2026; y vocal, María Astrid López de la Serna, hoy consejera delegada de Itsaslur y, desde 2026, vicepresidenta de su consejo.
A ello se suma María Isabel Calleja Allende, presidenta del patronato en su composición actual (con sede en Carretera San Vicente, Km 10, Trapagaran) y consejera de la mercantil entre abril de 2009 y marzo de 2012, según el registro de cargos. Y una anomalía más que este expediente deja anotada: la ficha del Registro de Fundaciones del País Vasco (F-443) consigna como fecha de constitución el 20 de julio de 2018 —once años después de la escritura notarial recogida en el BOE—, una duplicidad registral entre el asiento estatal y el autonómico cuya explicación correspondería a los propios registros. Dos NIF distintos, una misma órbita.
IV. El caudal, ejercicio a ejercicio
Subvenciones concedidas por ejercicio (2021–2025)
Importes en euros, por entidad beneficiaria.
Fuente: listados de concesiones de la Administración General de la CAE y sus organismos autónomos y de la Diputación Foral de Bizkaia transcritos en el expediente. La Fundación Siderurgia acumula además 1.039.495,60 € entre 2015 y 2020 y 3.205,92 € en 2026, fuera del rango del gráfico.
V.Lanbide, la gran espita
Si se ordenan las 149 concesiones del expediente por órgano concedente, el resultado no admite matices: Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo, es el máximo concedente del ecosistema con 16.129.992,37 euros en 83 concesiones: el 91,4% de todo el dinero subvencionado a las cuatro entidades. El segundo de la lista, la Diputación Foral de Bizkaia, queda a una distancia sideral: 823.099,41 euros, un 4,7%. Los otros nueve órganos concedentes —de Osalan a Emakunde— se reparten, juntos, menos del 4% restante.
El desglose interno de Lanbide confirma que ninguna de las cuatro entidades escapa a su órbita: 9.003.936,99 € a Fondo Formación Euskadi, 3.911.657,13 € a la Fundación Siderurgia, 2.266.910,56 € a la Fundación Fondo Formación y 947.487,69 € a Itsaslur. Una sola institución pública sostiene, en la práctica, todo el entramado.
Ranking de subvenciones por institución concedente
Suma de concesiones a las cuatro entidades del expediente (2015–2026). Entre paréntesis, el número de concesiones. Variantes de denominación unificadas.
Fuente: listados de concesiones de la Administración General de la CAE y sus organismos autónomos y de la Diputación Foral de Bizkaia transcritos en el expediente. Total: 17.640.414,57 € en 149 concesiones.
A este dominio se suma un elemento cualitativo documentado por investigaciones periodísticas previas: las puertas giratorias. El actual director de Lanbide, Paco Pedraza, fue delegado en Gipuzkoa de Fondo Formación Euskadi entre 2019 y 2021; y su predecesora al frente del organismo, María Gloria Múgica (2020–2023), había sido gerente de la misma empresa entre 2002 y 2009 antes de ocupar la dirección de Planificación e Innovación en el Empleo del Gobierno de Patxi López. La ventanilla y sus principales clientes, presuntamente, comparten algo más que expedientes: comparten currículos.
Que el 91,4% del caudal salga de una misma ventanilla convierte a Lanbide no solo en financiador, sino en el garante fáctico de la concurrencia competitiva entre estas entidades entrelazadas —y, por extensión, en la administración a la que correspondería, presuntamente, verificar tanto la efectividad de esa concurrencia como el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que se describen en la sección VIII.
VI.También adjudicatarias: el otro caudal
Sería un error leer este expediente solo en clave de subvenciones. Los documentos revelan una segunda vía de acceso al dinero público, igual de caudalosa: la contratación. Fondo Formación Euskadi acumula 9.978.148,80 euros en 97 adjudicaciones de 42 instituciones distintas entre 2017 y 2026. La nómina de clientes es un mapa del sector público vasco: veintitrés ayuntamientos —de Barakaldo a Tolosa, de Vitoria-Gasteiz a Plentzia—, las diputaciones forales de Bizkaia y Gipuzkoa, tres mancomunidades, sociedades públicas como Azpiegiturak o Fomento de San Sebastián, el propio Gobierno Vasco, la UPV/EHU e incluso el Ararteko, la Defensoría del Pueblo del País Vasco.
El calendario del caudal contratado no es plano: se dispara en los ejercicios en que Barakaldo licita sus grandes contratos abiertos —1.977.719,46 € en 2017, dentro de un 2021 que alcanza los 4.631.326,07 €, y de nuevo en 2025 (1.541.569,40 € en total)— y se sostiene el resto de los años sobre un goteo constante de adjudicaciones menores repartidas por todo el territorio.
Contratación pública adjudicada a Fondo Formación Euskadi, por año
Importes adjudicados (2017–2026). En rojo, la parte correspondiente al Ayuntamiento de Barakaldo; en gris, el resto de las 41 instituciones.
Fuente: detalle de contratos adjudicados a Fondo Formación Euskadi S.L.L. transcrito en el expediente. Total: 9.978.148,80 € en 97 adjudicaciones.
Sumadas ambas vías —17.640.414,57 € en subvenciones y 9.978.148,80 € en contratos—, el ecosistema ha captado 27.618.563,37 euros de fondos públicos. Y dentro de esa segunda vía, un nombre sobresale por encima de todos los demás.
VII.Barakaldo y la vía directa
La otra pata del ecosistema no son las subvenciones, sino los contratos. El detalle de adjudicaciones a Fondo Formación Euskadi es de una asimetría notable: un solo cliente, el Ayuntamiento de Barakaldo, concentra 7.338.269,13 euros —el 73,5% de todo lo adjudicado— en tres contratos abiertos: 1.977.719,46 € (2017), 4.245.563,77 € (2021) y 1.114.985,90 € (2025).
En el extremo opuesto del listado, la letra pequeña: 51 de las 97 adjudicaciones se tramitaron como «Directo/Contrato Menor», por un total de 533.734,90 euros, repartidas entre ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades y el propio Gobierno Vasco. Algunas de estas adjudicaciones directas superan, según el importe transcrito, los 15.000 euros: 18.102 € (Amorebieta-Etxano, 2020), 16.879,50 € (Gobierno Vasco, 2021), 21.818 € (Diputación Foral de Bizkaia, 2022), 34.000 € (Mancomunidad de la Merindad de Durango, 2022), 16.446 € (Alonsotegi, 2024), 23.480 € y 29.580 € (Durango, 2024 y 2025), 23.020 € (Leioa, 2025) y 18.574 € (Vitoria-Gasteiz, 2025).
Marco legal · Art. 118 y Art. 99.2 de la Ley 9/2017 (LCSP)
El Art. 118.1 LCSP fija el umbral del contrato menor de servicios en 15.000 euros (IVA excluido), y el Art. 99.2 prohíbe fraccionar un contrato para eludir los requisitos de publicidad o procedimiento. Los importes citados podrían incluir IVA u obedecer a otras figuras, por lo que su calificación exacta requeriría el examen de cada expediente; con los datos disponibles, cabe hablar únicamente de una posible superación del umbral y de un patrón de adjudicación directa reiterada con las mismas administraciones que, presuntamente, aconsejaría revisión.
Y la relación de Barakaldo con el entramado no se agota en la mercantil. El convenio de colaboración original entre el Ayuntamiento y la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral, incorporado al expediente, fue suscrito bajo la alcaldía del socialista Tontxu Rodríguez (2005–2013) y lleva la firma de Francisco Arana Llano en calidad de vicesecretario de la fundación: el mismo Arana que el registro sitúa como consejero y secretario de Itsaslur entre el 21 de junio de 2017 y el 28 de julio de 2026, y que hoy ocupa una de las tres vicepresidencias de la fundación según el registro estatal. El firmante del convenio con el mayor cliente del ecosistema es, a la vez, bisagra societaria de dos de sus piezas.
El cambio de color político en la alcaldía no interrumpió la relación: el 4 de febrero de 2016, ya con la jeltzale Amaia del Campo al frente del consistorio, Barakaldo renovó el convenio con la fundación, presentado entonces como un acuerdo para promover la cultura. Un año después llegarían la cesión del edificio municipal por 60 años y el primer gran contrato abierto del listado a Fondo Formación Euskadi.
El listado incluye además rarezas contables que los documentos dejan a la vista: una adjudicación de 99 euros de Azpiegiturak S.A.M.P. (2021), otra de 0 euros del Ayuntamiento de Carranza (2024) y un contrato menor de 1.500 euros del propio Ararteko, la Defensoría del Pueblo del País Vasco (2024).
VIII.El apagón de la transparencia
Hay una última anomalía, y no es la menor. La Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, obliga a las entidades privadas que perciban más de 100.000 euros anuales en ayudas o subvenciones públicas a cumplir las obligaciones de publicidad activa: publicar su estructura, sus convenios, sus subvenciones y su información económica. Según los propios listados de concesiones del expediente, las cuatro entidades investigadas superan ese umbral en varios ejercicios —Fondo Formación Euskadi lo multiplica por cincuenta en 2022—.
Y sin embargo, no hemos localizado portal de transparencia alguno en tres de las cuatro entidades: ni en Fondo Formación Euskadi, ni en la Fundación Fondo Formación, ni en Itsaslur. La única excepción es la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral, que parece entender que sus obligaciones se agotan en la publicación de un escueto informe en materia de transparencia colgado en su web: un documento que dista del catálogo de publicidad activa que la ley describe. El informe, firmado bajo la presidencia de Valeriano Gómez Sánchez —ministro socialista de Trabajo e Inmigración (2010–2011) en el Gobierno de Zapatero—, tiene sin embargo una virtud involuntaria: en su página 9 recoge el presupuesto de la fundación, y ahí está la radiografía completa de su dependencia. De unos ingresos presupuestados de 4.548.217,33 euros, 4.142.456,66 euros son subvenciones públicas: el 91,1%. Solo 405.760,67 euros —menos de nueve de cada cien— proceden de otras fuentes.
De cada 100 euros presupuestados por la Fundación Siderurgia, 91 son públicos
Composición de los ingresos según el presupuesto de la fundación, recogido en la página 9 de su propio informe de transparencia 2025. Ingresos presupuestados: 4.548.217,33 €.
Subvenciones públicas
4.142.456,66 €
91,1% del presupuesto de ingresos
Resto de ingresos
405.760,67 €
8,9% del presupuesto de ingresos
Fuente: presupuesto incluido en el informe de transparencia 2025 de la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral (ftsi.es), pág. 9.
El dato tiene, además, una consecuencia jurídica directa: con un 91,1% de ingresos de origen público, la fundación queda sujeta a las obligaciones de publicidad activa de la Ley 19/2013 no por uno sino por los dos criterios de su Art. 3.b —supera con holgura tanto los 100.000 euros anuales como el umbral del 40% de ingresos—, lo que hace aún más difícil de sostener que un informe de unas pocas páginas agote sus deberes de transparencia.
Fondo Formación Euskadi S.L.L.
Hasta 5.084.588,62 € en un solo ejercicio (2022). Sin portal de transparencia localizado.
Fundación Fondo Formación
Hasta 1.723.706,74 € en un solo ejercicio (2023). Sin portal de transparencia localizado; sus cuentas anuales depositadas en el Registro de Fundaciones declaran 0 € en subvenciones.
Itsaslur Centro de Innovación Agroalimentaria S.L.
Hasta 367.460,28 € en un solo ejercicio (2023). Sin portal de transparencia localizado.
Fundación Siderurgia Integral
Presidida por Valeriano Gómez Sánchez, exministro de Trabajo e Inmigración. Publica únicamente un escueto informe de transparencia.
Marco legal · Ley 19/2013, de Transparencia
El Art. 3.b sujeta a las obligaciones de publicidad activa a las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas por más de 100.000 euros, o cuando al menos el 40% de sus ingresos anuales sean ayudas públicas (mínimo 5.000 €). Los Art. 5 a 8 detallan qué deben publicar: estructura organizativa, contratos, convenios, subvenciones recibidas, presupuestos y retribuciones. La publicación de un informe genérico no equivale, presuntamente, al cumplimiento de ese catálogo.
Y aún hay un escalón más grave que la mera ausencia de portal. La consulta de la ficha registral de la Fundación Fondo Formación en el Registro de Fundaciones del País Vasco (F-443), donde constan depositadas sus cuentas anuales de los ejercicios 2023 a 2025, revela que la fundación declara 0 euros recibidos en subvenciones. El dato es incompatible con los listados oficiales de concesiones que sustentan este expediente: 2.278.969,59 euros entre 2022 y 2025, publicados por la propia Administración concedente, con 1.723.706,74 euros solo en 2023 —el mismo ejercicio en que sus cuentas depositadas consignarían cero—.
Hallazgo · Cuentas anuales vs. concesiones publicadas
Las cuentas anuales de una fundación deben reflejar la imagen fiel de su situación conforme a la normativa contable de entidades sin fines lucrativos, y la Ley 38/2003 impone a los beneficiarios de subvenciones la obligación de justificarlas y registrarlas contablemente (Art. 14). Declarar cero euros en subvenciones mientras los boletines oficiales publican concesiones millonarias a su nombre es una contradicción documental que, presuntamente, debería ser objeto de comprobación tanto por el Protectorado de Fundaciones del País Vasco como por los órganos concedentes. Con los datos disponibles no puede determinarse si se trata de un error de depósito, de un criterio contable o de una omisión.
El reproche, sin embargo, no puede quedarse solo en las entidades. Son las instituciones públicas vascas —Lanbide, Osalan, Emakunde, los departamentos del Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia— quienes año tras año resuelven concesiones millonarias a estas cuatro estructuras sin que conste verificación alguna del cumplimiento de sus obligaciones de transparencia. Ninguna base reguladora consultada parece haberse traducido en un requerimiento, una condición o una sanción. Las administraciones concedentes disponen del dato —ellas mismas publican las concesiones— y disponen de la ley; lo que falta, a la vista del resultado, es la voluntad de aplicarla.
Diecisiete millones de euros públicos repartidos y ni un solo portal de transparencia exigido: el apagón no es solo de quien no publica, sino de quien paga sin preguntar.
IX.Un cuarto de siglo de expediente
Ninguna de estas cifras es secreta: todas duermen en boletines oficiales y portales de transparencia. Lo que los documentos revelan no es un dato oculto, sino un patrón a plena luz —cuatro entidades, unos mismos apellidos y una sola ventanilla— que nadie, hasta ahora, se había detenido a sumar.